El nuevo director general de Transporte Terrestre se reúne con el CNTC


Este lunes el nuevo director general de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento, Joaquín del Moral, se reunió con el Pleno del Departamento de Viajeros del Comité Nacional del Transporte por Carretera. En la reunión también estuvieron presentes los subdirectores de Gestión, Análisis e Innovación, Benito Bermejo, de Ordenación y Normativa, Emilio Sidera, y de Inspección, Alfonso Sánchez.

Tras ofrecer la leal colaboración del CNTC al Ministerio, el presidente del Comité, Rafael Barbadillo, informó sobre la fuerte caída de la actividad económica que se está produciendo, que hace que las tasas de movilidad también hayan caído. También explicó que la disminución de la demanda, cifrada en un 19% desde que se inició la crisis en el verano de 2007, la evolución al alza del precio del gasoil, que en enero ha alcanzado su máximo histórico situándose en 1,36 €/litro superando el record alcanzado en el verano de 2008, con un incremento interanual cercano al 18%, a lo que hay que añadir el aumento fiscal al igualarse prácticamente el gasóleo profesional al particular, y la preocupante y creciente morosidad de las administraciones, cuya deuda con el sector asciende a 1.098 millones de euros lo que supone el 29% de la facturación del sector, están situando a las empresas en una difícil situación. Como dato añadió que desde el inicio de la crisis han desaparecido más de 350 empresas de transporte de viajeros por carretera.

Como principales propuestas para salir de esta situación el presidente del CNTC propuso:

  • Recuperar la unidad de mercado para eliminar las asimetrías y efectos frontera, tanto nacionales como europeos, porque colocan a las empresas de manera desigual ante el mercado, así como eliminar cargas administrativas existentes que suponen para el transporte de viajeros un coste adicional de 68 millones de euros, equivalente al 2% de la facturación.
  • Céntimo sanitario: en algunas CCAA que no lo tienen ahora lo están implantando. Este impuesto no se ajusta a la legislación comunitaria motivo por el cual Bruselas ha solicitado su modificación. Deben arbitrarse medidas para frenar su aplicación en aquellas CCAA que no lo han implantado.
  • El impuesto especial de hidrocarburos deber permanecer estable para el transporte público, evitando que las posibles subidas de este impuesto que se puedan llevar a cabo, se apliquen al transporte profesional.
  • Las medidas que están llevando a cabo las administraciones para corregir sus déficits están provocando la transferencia de costes al sector, sin que se produzcan las correspondientes revisiones tarifarias para corregir los desequilibrios que estos provocan.
  • Es necesario realizar de forma urgente una revisión tarifaria extraordinaria, que no a cuenta, para reequilibrar las concesiones de servicios regulares. El sistema de revisión tarifaria no ha contemplado los fuertes incrementos de costes sufridos por el sector, especialmente los de combustible, personal y financieros, así como el incremento de la morosidad.
  • En cuanto al incremento de la morosidad de las Administraciones públicas, la deuda estimada con el sector asciende a 1.029 millones de euros, lo que supone el 29% de la facturación total del sector. Estas deudas corresponden principalmente a las administraciones locales, que adeudan 768 M€ por los servicios de transporte urbano y el resto de las administraciones autonómicas en concepto de transporte escolar principalmente. Se deben arbitrar medidas efectivas de forma urgente para que se proceda al pago de las deudas, de forma que se asegure a autoridades municipales y autonómicas, operadores y usuarios los medios necesarios para prestar un servicio que en muchas ocasiones trasciende del interés puramente local.
  • Racionalizar la concepción de la red actual: fomentar sinergias de explotación; evitar oferta no productiva y la creación de nuevos servicios deficitarios, potenciando los existentes; favorecer la intermodalidad con los aeropuertos y estaciones de ferrocarril; flexibilizar la gestión con la introducción de tarifas valle, llano y punta.
  • La actividad discrecional y turística contribuye de manera decisiva al desarrollo de otras actividades económicas, especialmente el turismo, por lo que debe incluirse dentro del Plan General de Fomento del Turismo.
  • Impulso decidido a la puesta en práctica del PLAN PLATA II, especialmente en lo relativo a las condiciones de contratación del transporte escolar por todas las administraciones públicas, para evitar las subastas que están descapitalizando al sector.
  • Redimensionamiento empresarial del acceso al mercado elevando el número mínimo de vehículos, de los 5 actuales a 10 por empresa.
  • Impulso en la construcción de carriles bus o habilitación de las actuales infraestructuras por tramos horarios.
  • Impulso de un plan para la internacionalización de las empresas españolas de transporte de viajeros por carretera. El sector tiene gran experiencia en la gestión de concesiones de transporte siendo una oportunidad para la exportación.
  • Mantenimiento de las ayudas de formación para hacer frente a los retos que tiene el sector de competitividad y profesionalización.
  • En cuanto a las estaciones de autobuses propuso la elaboración y ejecución de un plan de modernización de las estaciones de autobuses; la exención del IBI al igual que las estaciones de ferrocarril
  • Coordinación del ferrocarril con el transporte por carretera.
  • La defensa de los intereses del sector en la tramitación y posterior aprobación de la normativa comunitaria, así como su correcta transposición al ordenamiento jurídico interno, pues, en numerosas ocasiones, la transposición efectuada coloca a las empresas españolas en una situación de desventaja.

Por su parte, Joaquín del Moral informó sobre la intención de su Dirección General de impulsar de nuevo la tramitación de la reforma de LOTT, para introducir mayor eficiencia en el sistema de transporte, siempre basándose en el consenso con el sector. Dentro de esta reforma destacó que también se abordará la reforma del régimen sancionador, en virtud del acuerdo alcanzado con el sector.

Asimismo, explicó que se van a analizar las cargas administrativas para poder reducirlas, así como introducir una mayor flexibilidad en el sistema. Y señaló que se seguirá adelante con los concursos de las concesiones de los servicios regulares.

En relación con las ayudas a la formación y al abandono de la actividad, se manifestó partidario de mantenerlas en línea con lo establecido hasta ahora.

Durante toda la reunión, el director mostró un tono conciliador y abierto al diálogo permanente con el sector.

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