El Gobierno establece un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de los ayuntamientos


En el BOE del pasado sábado 25 de febrero se ha publicado el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan las obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.

El citado Real Decreto-ley establece las condiciones necesarias para permitir la cancelación por entidades locales (sólo ayuntamientos) de sus obligaciones pendientes de pago con sus proveedores, derivadas de la contratación de obras, suministros y servicios.

Se consideran obligaciones pendiente de pago las que reúnan los siguientes requisitos: estar vencidas antes del 1 de enero de 2012, estar reconocida la deuda por la administración local y que se trate de contratos de obra, servicio o suministro incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público.

Los ayuntamientos están obligados a remitir antes del 15 de marzo de este año una relación certificada de todas la obligaciones pendientes de pago en la que conste la siguiente información: Identificación del contratista (CIF, denominación social y domicilio social), importe principal de la obligación pendiente de pago, IVA o IGIC, fecha de entrada en el registro administrativo de la factura y expresión de si se ha instado por el contratista la exigibilidad ante los Tribunales de Justicia antes de 1 de enero 2012. Esta relación estará expedida por el interventor.

Las entidades locales permitirán a los contratistas consultar la inclusión, en la relación certificada. Los contratistas que no consten en la relación certificada remitida podrán solicitar a la entidad local deudora la emisión de un certificado individual, este certificado individual se expedirá en el plazo de 15 días naturales desde la entrada de la solicitud en el registro de la entidad local transcurrido dicho plazo sin que se hubiera rechazado la solicitud, se entenderá reconocido el derecho de cobro por silencio positivo.

El incumplimiento por parte de los funcionarios competentes de las obligaciones de expedición de las certificaciones se considerará falta muy grave (Estatuto Básico del Empleado Público).

Los contratistas que figuren en la relación certificada podrán solicitar voluntariamente el cobro en las entidades de crédito. El abono a favor del contratista conlleva la extinción de la deuda, los intereses, costas judiciales y cualesquiera otros gastos accesorios.

El citado Real Decreto-ley entró en vigor el 26 de febrero.

Deja un comentario