Nueva contabilidad analítica para las empresas contratistas de transporte regular de uso general


La Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento ha elaborado un Proyecto de Orden por la que se implanta un modelo de contabilidad analítica en las empresas contratistas que prestan los servicios de transporte regular de viajeros de uso general.

Las principales novedades que pretende introducir esta Orden son establecer un modelo de contabilidad analítica para las empresas contratistas de servicio público de transporte regular de viajeros de uso general y regular las obligaciones de información contable que deben proporcionar a la administración titular del correspondiente servicio.

Las empresas contratistas llevarán una contabilidad analítica que permita la contabilización de cada servicio público como una actividad separada, gestionándola como una división contable independiente y distinta de cualquier otra.

Las empresas contratistas presentarán antes del 30 de junio de cada año, ante la Dirección General de Transporte Terrestre, una cuenta analítica de pérdidas y ganancias de cada uno de los contratos de servicio público, referida al año anterior.

Junto con las anteriores cuentas, las empresas deberán presentar una cuenta agregada de pérdidas y ganancias del resto de actividades de la empresa.

Asimismo, cada tres años desde el inicio de la presentación del servicio las empresas contratistas deberán someter a una auditoría externa contable la cuenta analítica de pérdidas y ganancias de aquellos servicios públicos cuyo volumen de tráfico sea igual o superior a 300.000 vehículos/km/año.

La no aportación de la información que es exigida en esta Orden implicará la imposibilidad de revisión de las tarifas correspondientes al contrato.

ASINTRA considera positiva la implantación de esta Orden porque ello conllevará una mayor transparencia en las relaciones de las empresas concesionarias con la Administración, sin embargo considera que la obligación de suministro de información se extiende más allá de lo estrictamente necesario, al solicitar información que nada tiene que ver con los contratos de servicio público.

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