III. Grupos de Trabajo del CNTC: Unidad de mercado – Ministerio de Fomento y Gobierno (Final)


Informe remitido a la Comisión de Directores Generales de Transporte del Estado y de las Comunidades Autónomas

Las conclusiones del Grupo de trabajo constituido por el Comité Nacional del Transporte por Carretera en materia de unidad de mercado y remitidas a la Comisión de Directores Generales de Transporte del Estado y de las Comunidades Autónomas han sido:

1. Coordinación y armonización de criterios en relación con los servicios públicos de transporte de viajeros por carretera.

Para las Secciones de Transporte de Viajeros en Autobús del Departamento de Transporte de Viajeros del Comité es necesario mejorar la coordinación entre las distintas Administraciones competentes en materia de transporte en relación con las siguientes cuestiones:

“- Mayor coordinación entre las políticas de transporte de las CC.AA. y del Ministerio de Fomento a través de la Mesa de Directores Generales de transporte.

– Coordinación e integración de los servicios de concesionales autonómicos entre sí, y de estos con los de titularidad del Ministerio Fomento.

– No hay unidad de mercado en a la contratación pública de los servicios de transporte público de viajeros por carretera, por cuanto que los requisitos y condiciones de los respectivos concursos, siendo similar el objeto, difieren notoriamente según se trate de unas u otras CC.AA. La referencia a la problemática ha de situarse, en la disparidad de criterios diferentes sobre cuestiones esenciales que la normativa general, lógicamente (al referirse a todas las actividades y/o sectores) no detalla o contempla un margen de discrecionalidad, tales como el plazo de vigencia del contrato, condiciones para concursar, y especialmente, entre otras, conceptos puntuables en las ofertas y su valoración. Estas discrepancias, en multitud de casos tan acusadas, no facilitan una gestión global empresarial, constituyendo un factor que disminuye la competitividad y competencia”.

2. Estaciones de autobuses.

La Sección de Estaciones de Autobús del Departamento de Transporte de Viajeros del Comité informa lo siguiente:

“El sector de las Estaciones de Autobuses probablemente sea el que menos marco normativo de aplicación tiene de todos los presentes en el Departamento de Viajeros del Comité Nacional del Transporte por Carretera.

De un lado tiene como referencia legal la escasa contemplación que le dedica la LOTT (actualmente sujeta a una modificación que la recortará aún más); y el desarrollo contenido en su Reglamento de aplicación (ROTT) también sujeto a futura modificación como consecuencia de la que se encuentra pendiente de plasmar en aquella.

De otro lado, las Comunidades Autónomas, que son las que tienen las competencias en el campo que nos ocupa, o bien no se han fijado en el sector aún en el caso de haber desarrollado normativas relativas al transporte de viajeros por carretera (del que las Estaciones resultan actividades complementarias o auxiliares); o bien sencillamente son plenamente ignoradas en el marco de la normativa aplicable.

Todo ello, que ya provoca una falta de cohesión “per se”, viene agravado por dos factores a considerar:

La progresiva desaparición de las referencias al sector a través de las sucesivas modificaciones que la LOTT y su Reglamento de aplicación han sufrido desde que la primera de ellas fue promulgada en 1.987, de manera que en la actualidad casi sus únicos contenidos son los relativos a la definición del concepto “Estación de Autobuses”.

Los órganos concedentes de las correspondientes concesiones, que pueden ser las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, sin olvidar que algunas infraestructuras fueron concursadas por la Administración Central.

Consiguientemente la interacción de todos los factores indicados produce un efecto de dispersión total facilitando la carencia de unidad de criterio en el sector; y ello conlleva que la escasa normativa de aplicación resulte difusa, oscura y heterogénea, inclusive dentro de una misma Comunidad Autónoma.

Así, y como ejemplos gráficos y representativos de la heterogeneidad normativa en la que el sector se encuentra sumido, podemos referirnos a aspectos que se refieren a:

  • Estructuras y conceptos tarifarios.
  • Condiciones de explotación.
  • Dotación de servicios.
  • Plazos concesionales.
  • Reglamentos de Explotación.
  • Tarifas.
  • Obligaciones de utilización por los transportistas.

Consiguientemente y como ya esta Asociación ha expresado en múltiples ocasiones (las últimas con motivo de la actual modificación de la LOTT) se precisa que exista un marco regulador a nivel nacional que marque las pautas y requerimientos mínimos que deben ser de aplicación a las Estaciones de Autobuses en consonancia a su importante y decisivo papel en la cadena de valores del transporte de viajeros por carretera, del que no pueden segregarse por constituir un apoyo fundamental para el buen término del servicio a sus clientes.

Aunque la Administración Central del Estado no tiene las competencias sobre el sector, ello no implica su abandono ni olvido, sino que exige la vigilancia y observación del adecuado cumplimiento de la materia por las Comunidades Autónomas, lo cual puede llevar a cabo perfectamente a través de las reuniones de coordinación con los Directores Generales de las distintas Comunidades Autónomas, pues no es comprensible que la situación actual de dispersión –cuando no carencia- de normativa lleve a que, según el territorio administrativo en que se genere el caso, las interpretaciones acerca de aspectos tan básicos como por ejemplo la aplicación de una simple tarifa difieran diametralmente.

Por lo tanto es absolutamente necesario para el sector, que exista un marco legal de referencia y que contemple las normas de aplicación bajo un denominador común de homogeneidad en todo el territorio nacional, aunque cada Comunidad Autónoma tenga ciertas capacidades para adaptarlas a las singularidades de cada territorio que, sinceramente consideramos no difieren de unos a otros. Tal normativa podría ser pactada con las Comunidades Autónomas para lograr un mayor grado de consenso en cuanto a su elaboración, y con las Asociaciones empresariales del sector.

Su ausencia, es decir la carencia de tal normativa de referencia y general aplicación, mantendría el importante vacío normativo hoy existente que fomenta la creación heterogénea de normativas autonómicas e interpretaciones del mismo cuño, que dificultan el sostenimiento del sector. La diversidad injustificada de variantes que surgen en la regulación del mismo por los distintos órganos directivos, debe ser paliada u orientada por unas directrices homogéneas emanadas de la Administración Central como garante del sistema nacional de transportes.

En resumen, se precisa que exista un marco regulador de general aplicación, que podría estar integrado en la LOTT o en una norma independiente, y que como mínimo contemple los siguientes aspectos:

1.- La obligatoriedad del uso de las Estaciones de Autobuses, tanto para las empresas de ámbito concesional como para aquellas otras de ámbito internacional, en su condición de infraestructuras y actividades complementarias y auxiliares del sistema nacional de transporte de viajeros por carretera.

2.- Una definición de tales infraestructuras, así como de sus condiciones de gestión y explotación, homogéneas y con aplicación en todo el territorio nacional; entre las que no puede faltar la relativa a los sistemas de financiación sostenibles pero no ligados exclusivamente a los operadores de transporte de viajeros por carretera, complementarios del régimen tarifario, que no debe desaparecer.

3.- Una normativa de aplicación generalizada, ya que a través del Gobierno Central y desde la propia Unión Europea, se divulgan nuevas normativas que afectan a la parte troncal de la gestión y explotación de Estaciones de Autobuses, y por lo tanto a la cadena de valores que en el sistema nacional de transporte de viajeros por carretera aportan aquellas. A título de ejemplo se encuentran:

  • El Proyecto de Real Decreto sobre los Derechos de los Discapacitados.
  • El Reglamento Europeo 181/2.011 sobre Derechos de los Viajeros, de próxima entrada en vigor.
  • El anteproyecto de Ley de Atención  al Cliente, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
  • La normativa de responsabilidad medio-ambiental del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio”.

Informe sobre las cuestiones competencia del Ministerio de Fomento o del Gobierno

1. Incluir en los objetivos de la propuesta de Ley para la regulación de las Obligaciones de Servicio Público, la financiación del transporte urbano colectivo.

No es posible atender esta reivindicación en una norma destinada a regular el establecimiento de obligaciones de servicio público impuestas a servicios de transporte de competencia estatal. No obstante, si así lo solicitara el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Ministerio de Fomento estaría dispuesto a colaborar en la definición de criterios para la financiación estatal del transporte urbano.

2. Observatorio del Transporte Urbano.

El Ministerio de Fomento apoyará la creación de un grupo de trabajo permanente o de grupos especialmente creados para estudiar cuestiones concretas en relación con el transporte urbano en el seno del Consejo Nacional de Transportes Terrestres, si así se plantease en este órgano.

3. Extensión de la subrogación de trabajadores a todo el personal adscrito a un servicio público de transporte regular de viajeros de uso general cuando el nuevo contrato se adjudique a una empresa distinta de la que hasta ese momento lo venía prestando.

Esta cuestión ya ha sido atendida en el texto del proyecto de Ley de modificación de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

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