La CNC pide que se avance en la privatización de servicios municipales como el transporte público de viajeros


La reforma de la administración local que está preparando el Gobierno busca evitar duplicidades administrativas, reforzar el control financiero de las entidades locales y favorecer la iniciativa privada. En este último punto, el Gobierno se queda corto y no llega a meter mano en uno de los nudos que tiene España para el desarrollo económico: la interminable lista de entes y empresas públicas en manos de ayuntamientos y organismos locales que resulta a veces una barrera infranqueable para las empresas.

Así se deduce de un informe de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) sobre el Anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, en el que lanza una serie de recomendaciones al Ejecutivo para mejorar la norma estatal.

La CNC ha instado al Gobierno a introducir modificaciones para que aquellos servicios que puedan ser concesionados y abiertos a la competencia, efectivamente se abran. “El APL debería establecer que las entidades locales opten por fórmulas de gestión indirecta que permitan la prestación privada”, indica el supervisor de la competencia.

El organismo piensa, principalmente, en aquellos servicios para los que Hacienda mantiene una reserva legal de actividad para los ayuntamientos, como es el “abastecimiento domiciliario y depuración de aguas; la recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos y el transporte público de viajeros”.

Hasta ahora, la mayoría de los municipios mantenían la gestión directa de estos servicios, algo que ha empezado a cambiar. No se ha llevado a cabo por un giro hacia el liberalismo de los responsables consistoriales, sino porque la crisis de las finanzas públicas les ha forzado a elevar sus ingresos por privatizaciones.

La CNC considera que la reforma en cuestión es una oportunidad “difícilmente repetible” para potenciar la competencia en este sector y que, si existen ciertos requisitos, deberían promoverse concursos para establecer la gestión privada en esos servicios. Estas condiciones son que, por ejemplo, existan oferentes interesados en la prestación de servicios y el grado de competencia efectiva entre ellos, entre otros elementos.

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