Se publica la modificación de la LOTT


El BOE del pasado viernes, 5 de julio, se publicó la Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes, que entrará en vigor a los veinte días de su publicación.

Se autoriza al Gobierno para que, en el plazo de un año, contado desde la entrada en vigor de esta ley, refunda en un solo texto la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y las diversas modificaciones de ésta que se han ido produciendo desde su entrada en vigor, regularizando, aclarando y armonizando los preceptos refundidos entre sí.

Igualmente declara vigente el Reglamento de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, y las disposiciones dictadas para su ejecución, en lo que no se opongan a lo dispuesto en esta ley ni en las disposiciones aprobadas por la Unión Europea que resulten de aplicación en la materia. En el plazo de dos años, contados desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno adaptará el referido Reglamento a las modificaciones introducidas en el contenido de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

La reforma de la LOTT fue impulsada como consecuencia del acuerdo alcanzado entre el Comité Nacional de Transporte por Carretera y la Dirección General de Transporte Terrestre para adaptar el régimen sancionador a la realidad económica del sector, rebajando las cuantías económicas de las sanciones e incluyendo descuentos por pronto pago de las multas. Como consecuencia de lo anterior el Ministerio de Fomento consideró necesario adaptar la LOTT a la terminología de la normativa comunitaria e introducir cambios, especialmente en lo relativo a las licitaciones y gestión de los servicios de líneas regulares de uso general.

Se incorporan a la LOTT las nuevas exigencias introducidas por el Reglamento 1071/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen normas comunes relativas a las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportista por carretera, en relación con el cumplimiento de los requisitos de establecimiento, competencia profesional, capacidad financiera y honorabilidad de las empresas. Las principales novedades, en relación con estos requisitos, son el contar con un domicilio situado en España en el que se conserven los documentos relativos a la gestión y funcionamiento de la empresa, disponer de firma electrónica y equipamiento informático para documentar a distancia el contrato y otras formalidades mercantiles con los clientes.

A partir de ahora cambia la denominación de concesión por la de contrato y la de concesionario por la de contratista en todo el texto.

Se elimina la posibilidad de realizar revisiones extraordinarias de forma generalizada, quedando únicamente las revisiones extraordinaria para casos individuales debidamente justificados, como consecuencia de que las partidas que integran la estructura de costes hayan sufrido una variación que altere significativamente el equilibrio económico de la concesión.

En cuanto a los servicios regulares de uso general, la nueva normativa introduce el contenido mínimo de los pliegos para las licitaciones de dichos servicios, siendo éstos:

  • Obligatoriedad en la subrogación del personal necesario para la prestación del servicio cuando éste ya venía prestándose.
  • Introducción de requisitos de solvencia técnica, profesional y económica que el contratista deberá acreditar en el momento de la licitación.
  • El canon que el contratista deberá satisfacer a la Administración por la gestión del contrato de transporte regular de uso general.

Se elimina el sistema de desempate establecido para las licitaciones de contratos de servicios de transporte regular de viajeros de uso general en caso de ofertas de similar valoración, el mal llamado derecho de preferencia, quedando ahora establecido que, en el caso de ofertas cuya valoración técnica sea la misma, se otorgará el contrato al anterior contratista.

A partir de la entrada en vigor de la norma las Administraciones podrán obligar al contratista a reservar un cierto número de plazas para el transporte de estudiantes o trabajadores hasta y desde centros docentes o de trabajo de titularidad pública. En este supuesto la compensación que reciba el contratista de la Administración que reserve las plazas no podrá ser nunca superior a la cuantía que resulte de la aplicación de la tarifa ordinaria del servicio.

Los transportes regulares de viajeros de uso especial cuando sean contratados por alguno de los entes, organismos, que forman parte del sector público, deberán atenerse a las reglas contenidas en la legislación sobre contratos del sector público, lo que sin duda generará efectos positivos para esta clase de contratos.

Finalmente, se hace una nueva clasificación de las infracciones y de la graduación de las sanciones rebajando la cuantía económica. También se establece un descuento del 30% por pronto pago de la sanción.

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